50 años, un debate legítimo y necesario

Las duras críticas y descalificaciones que ha recibido el coordinador presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, incluso peticiones de renuncia, a propósito de un par de frases sacadas de contexto en una entrevista radial, son una preocupante señal respecto del espíritu con que una parte de la izquierda entiende la forma en que el país debe encarar la necesaria reflexión sobre el quiebre de nuestra democracia hace medio siglo.

En esencia, el periodista y ex convencional planteó que existe un debate histórico sobre cómo se llegó al 11 de septiembre de 1973, para luego puntualizar enfáticamente que, fueran cuales fueran esas “razones o motivaciones”, de ningún modo explican ni justifican los crímenes que se cometieron después.

Que algunos pretendan que su interpretación histórica es la única aceptable es una forma de pensamiento reñida con la sana convivencia democrática.

Sus críticos, desde organizaciones de DDHH a parlamentarios oficialistas, lo acusan de relativizar o incluso justificar el golpe militar, lo que él descarta haber hecho, y en eso coinciden respetados intelectuales, varios de ellos cercanos a la izquierda y opositores a la dictadura. También se ha lanzado livianamente la acusación de “negacionismo”, algo que la propia entrevista del coordinador desmiente sin lugar a dudas.

Chile ha hecho un esfuerzo por enfrentar y condenar el doloroso legado que dejaron las violaciones a los DDHH durante la dictadura. Pero justamente porque el país conoce la magnitud de lo sucedido y ha tratado de hacer justicia -tal vez imperfecta e incompleta-, es que el 50° aniversario del golpe debe servir para hacer memoria y buscar entender el contexto histórico en que ello sucedió.

Quienes se cierran a esa reflexión, o buscan impedirla, no están a la altura de lo que nuestra democracia merece hoy, medio siglo después. Sobre la Unidad Popular existe un legítimo debate histórico que una sociedad libre debe ser capaz de sostener, sin que algunos pretendan que su interpretación de los hechos es la única aceptable y todas las demás deben ser “canceladas”. Esta es, en rigor, una forma de pensamiento autoritario reñida con la libertad de expresión y la sana convivencia democrática.